La OCDE sugiere más trabajo y menos pensión para los futuros jubilados

Cristina Porteiro
C. Porteiro REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

JOSÉ PARDO

El alza de cotizaciones será insuficiente para paliar el retiro «baby boomer»

08 dic 2021 . Actualizado a las 04:14 h.

En el futuro habrá más jubilados, mejores pensiones y menos trabajadores en activo para sostenerlas. Un auténtico rompecabezas para las cuentas públicas. Es el escenario que les espera a los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Cada uno ha optado por recetas distintas para afrontar la derrama que se avecina, pero los expertos del organismo insisten: «En ausencia de nuevos recursos para poder financiar las pensiones», habrá que aumentar las contribuciones, extender las carreras de cotización o ajustar las prestaciones. De lo contrario, la sostenibilidad del sistema se verá comprometida.

La advertencia también se cierne sobre España. Por el momento, las propuestas del Gobierno de Pedro Sánchez —como la de aumentar las cotizaciones de empresas y empleados un 0,6 % entre el 2023 y el 2032 para rellenar la hucha de las pensiones o la de introducir penalizaciones e incentivos para alargar la vida laboral— solo «ayudarán a mitigar el impacto financiero de las jubilaciones de los baby boomers», pero no solucionarán el problema de fondo, según apuntan en un informe publicado este miércoles, en el que se pone de relieve que el sistema hace aguas.

A pesar de la contestación social en las calles y las reiteradas demandas para garantizar «pensiones dignas», lo cierto es que los expertos dibujan un escenario muy distinto al que se suele pregonar: los jubilados españoles se retiran antes que sus vecinos, con carreras de cotización más cortas y con pensiones elevadas en comparación con lo que ganan los asalariados que siguen trabajando.

Los expertos de la organización apuntan que los españoles seguirán fijando su edad de jubilación futura en los 65 años, frente a los 68 de los finlandeses o los 69 de los holandeses. Y eso es porque no necesitan invertir tanto esfuerzo para poder acceder a una pensión máxima. A esa edad ya se pueden retirar del mercado laboral si tienen 37,25 años cotizados (38,5 en el 2027). No ocurre lo mismo en los países de alrededor. Grecia y Eslovenia exigen 40 años. Francia 43. En Alemania es obligatorio haber cotizado 45 años, lo que fuerza a mucha gente mayor a compatibilizar sus pensiones con minijobs. 

No solo eso. Las personas mayores de 65 años perciben en España el equivalente al 96 % de los ingresos medios de la población. La media en la OCDE es del 88 %. «Los ingresos medios relativos han crecido sustancialmente más rápido para la gente mayor», explica el informe. En el año 2000 apenas llegaban al 85 %. Desde entonces, el gasto en pensiones se ha disparado y ahora el Estado dedica entre un 2,9 % más de la riqueza que produce cada año a cubrir las prestaciones de los jubilados. Solo en Grecia (+ 5,4 puntos del PIB), Portugal (+5,4 puntos), Finlandia (+4,4 puntos) y Turquía (+3,5 puntos) han experimentado subidas mayores. 

Cálculo de la pensión

¿A qué se debe esta derrama? «La demografía solo explica la mitad de este fenómeno», sostienen los expertos de la organización. A diferencia de otros países de la OCDE, la mayor carga sobre el sistema español no la ejerce el envejecimiento sino la revalorización sostenida de las prestaciones a costa de un mercado laboral renqueante en la última década: «El gasto por jubilado retirado [en España] crece mucho más rápido que el salario medio», alertan. Detrás de esta anomalía hay una causa clara: un método de cálculo de la pensión muy favorable, que no se ve en otras latitudes. «La mayor parte de los países de la OCDE tienen en cuenta los salarios de toda la carrera laboral para calcular la pensión. En la Unión Europea solo Francia, Eslovenia y España utilizan 25 años o menos», desliza el organismo. Sin ir más lejos, nuestros vecinos lusos contabilizan los últimos 40 años de carrera. 

¿Qué pasaría si el Gobierno español decidiera extender el cómputo a los 35 últimos años? Bajaría la pensión hasta casi un 9 % de media. No habría que descartarlo porque, según consta en los compromisos del Gobierno español con Bruselas, el Ejecutivo «extenderá» el período a tener en cuenta para el cálculo de las pensiones antes del 2023. Lo que el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, todavía no ha aclarado es el número de años que se sumarán. Si el Gobierno incumple esta directriz, no podría seguir desembolsando las ayudas europeas del Next Generation EU, que incluyen una partida de 69.500 millones en subvenciones. 

Al margen de lo que depare el futuro, los jubilados españoles siguen beneficiándose de unas tasas de sustitución envidiables, incluso para carreras de cotización cortas. Con el factor de sostenibilidad (diseñado por el PP) derogado -vinculaba la prestación a la esperanza de vida- un trabajador español retirado percibe, según la OCDE, un 89 % de su salario medio en activo, cuando la media del conjunto de países es del 62 %. Un ciudadano danés tendría que trabajar hasta los 74 años para poder llegar percibir solo el 84 %. 

La cosa es bien distinta si se trata de autónomos. Las pensiones de los trabajadores por cuenta propia en España apenas alcanzan el 43 % de la de los asalariados. Es la quinta brecha más grande la OCDE, que culpa de ello a las bajas contribuciones obligatorias que hacen a la Seguridad Social en comparación con los países del entorno. 

Bandazos políticos

Una de las cosas que se echan en falta en el examen al sistema de pensiones español es la existencia de estabilizadores automáticos para corregir el gasto en caso de desvíos graves. Esos resortes saltaron por los aires cuando el Gobierno de Pedro Sánchez sustituyó el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización de las pensiones (IRP) por la tradicional indexación al IPC -vincula esa revalorización a la evolución de los precios de la cesta de la compra-. Aunque la OCDE considera «dudosos» algunos de los efectos de la reforma del PP -condujo a una pérdida de poder adquisitivo en un colectivo con poco margen de maniobra para ajustar sus ingresos-, alerta al Ejecutivo español de que «las cotizaciones actuales no pueden financiar las mismas pensiones en un período de jubilación más largo». Es más, el reemplazo del IRP por el IPC como índice de referencia para las pensiones, conducirá a un aumento del gasto público de 1,4 puntos del PIB anual en el 2030 y de 2,6 puntos más en el 2050. 

El organismo pone a España como ejemplo de lo que no se debe hacer con las pensiones: convertirlas en un arma política o una herramienta para ganar votos. «El caso español ilustra que una política consistente a lo largo del tiempo requiere de un amplio consenso político antes de implementarla. De lo contrario, las medidas corren el riesgo de ser políticamente insostenibles, debilitando la confianza».  

Dique de contención frente a los baby boomers

La OCDE sí se muestra algo más optimista con el dique de contención que ha desplegado el Gobierno para evitar que la jubilación masiva de baby boomers ponga contra las cuerdas al Estado: el Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Aunque admite que su planteamiento todavía es muy «vago» y ni siquiera está aprobado, ve con buenos ojos el aumento del 0,6 % de las contribuciones hasta el 2032, con el objetivo de volver a llenar la hucha. No obstante, su puesta en marcha apenas lograría recaudar 20.000 millones de euros en diez años. Una cantidad que apenas llega para cubrir las pensiones españolas durante dos meses. 

Por todo ello y, «en ausencia de nuevos recursos para poder financiar las pensiones», la OCDE sugiere que se aumenten las contribuciones o se extiendan las carreras de cotización. De lo contrario, la sostenibilidad se verá comprometida.