El Gobierno aprueba 160 millones para políticas de igualdad ante el aumento de casos de violencia vicaria
ESPAÑA
Pedro Sánchez preside, por primera vez, la reunión del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer
16 abr 2024 . Actualizado a las 16:39 h.El Consejo de Ministros aprobó ayer 160 millones de euros que se distribuirán a las comunidades autónomas para «seguir consolidando las políticas en materia de igualdad y seguir luchando contra la violencia de género», ante el aumento de casos de violencia vicaria en el 2024 y cuyo reparto de las cuantías se concretará en la próxima conferencia sectorial de Igualdad prevista para el próximo 29 de abril. Así lo anunció la portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría tras la reunión del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer que estuvo o presidida por primera vez por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Este encuentro fue convocado ante el repunte de casos de violencia machista y vicaria. Siete niños asesinados en los últimos cuatro meses y diez mujeres que perdieron la vida a mano de sus parejas.
Sánchez marcó como una prioridad la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. «Ante estos casos no caben discursos negacionistas o que diluyan esta violencia estructural a fuerza de retorcer el lenguaje», dijo. En el ámbito específico de la violencia vicaria, Sánchez consideró que es preciso profundizar en el análisis de los casos de asesinatos de niños y niñas y reforzar la coordinación entre los órganos judiciales y las administraciones. El presidente del Gobierno se comprometió a que al menos se celebren dos reuniones al año del Observatorio.
De la cuantía total aprobada este martes, 140,2 millones de euros están destinados al desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Se destinarán, por tanto, a financiar programas de lucha contra la violencia de género, que deberán ser promovidos por las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla. Otros 9,5 millones de euros tienen como finalidad financiar planes para el apoyo a víctimas de agresiones sexuales. Otros 8.5 se destinan para hacer efectivo el derecho a la asistencia social de las víctimas y el resto se destinará a programas de prevención personalizados.