El ser humano utiliza para uso doméstico, tan solo el 11 % del consumo total de agua. Hay otro 19 % que se emplea en la industria y en la generación de energía, pero alrededor de un 70 % de este preciado líquido es consumido por la agricultura en sentido amplio.
En el área de Doñana hay 22.000 hectáreas de regadíos, una cifra excesiva para mantener en buen estado el ecosistema. Según se ha publicado, lo que esconde la proposición de ley del PP y Vox, aprobada en el Parlamento andaluz, es que habla de pequeños agricultores, pero en realidad el beneficio es para los grandes.
Una familia puede vivir cultivando una o dos hectáreas de fresas, pero hay grandes productores que tienen entre 50 y 70 hectáreas; en Doñana, el 90 % de las explotaciones usan el 13 % del agua y un 1 % dispone del 72 % de los recursos. Esto no va de legalizar pequeñas explotaciones familiares.
Hay problemas también en Las Tablas de Daimiel, en Castilla-La Mancha. Según Ecologistas en Acción, inyectar más agua al parque nacional solo servirá para «disimular la fuerte explotación del acuífero por parte de regantes de la zona y la existencia de, al menos, 51.456 hectáreas de riego ilegales», señalando la necesidad de que los cultivos se adapten al agua disponible y de que se cierren los pozos ilegales.
Otro gran saqueo se produce en el enorme acuífero que existe bajo las provincias de Ávila, Valladolid, Salamanca y Segovia. Según ha publicado el diario El Sur, «el depósito subterráneo de Los Arenales, bajo la meseta castellanoleonesa, ha sufrido un fuerte descenso en los últimos 15 años». La razón es la proliferación de pozos ilegales o explotados por encima de la concesión legal, gracias a los cuales se han convertido en regadíos unas 23.975 hectáreas.
En Murcia, la prensa señala que ante la crisis ecológica que atraviesa el Mar Menor, por la contaminación con nitratos y fosfatos procedentes de la agricultura, los ecologistas demandan al Gobierno de la comunidad que sancione, elimine y restaure las más de 8.500 hectáreas de cultivos de regadío intensivo e ilegal del Campo de Cartagena.
Resumiendo, en España hay al menos 100.000 hectáreas de riegos ilegales que roban el agua de los acuíferos y comprometen la biodiversidad de algunos de nuestros más valiosos espacios protegidos. Además, el 1,6 % de los regadíos legales se sitúan sobre parques naturales o parques nacionales; si añadimos una zona de amortiguación de 5 kilómetros, el porcentaje asciende a 13,8 %, es decir, una de cada siete hectáreas de regadío está sobre zonas de gran interés ecológico.
Tenemos agua escasa, contaminada y mal gestionada en un país con tres cuartas partes de su superficie en riesgo de desertificación y en un escenario de aumento de las temperaturas por el cambio climático. ¿Qué puede salir mal?