Pagan 343 euros al mes por un coche que no pueden sacar del garaje por los embargos al concesionario de Santiago

Zine El Abidine Selaimia e Imane Boulfarah, de Santiago, decidieron comprar un coche a finales del 2019. Comenta ella que para asegurarse de no tener problemas con el papeleo, optaron por ir a un concesionario. Eligieron Noyamóvil, y se hicieron con un Citroën C3 Aircross por 17.900 euros. Poco sospechaban entonces que el sueño de subirse a un nuevo coche se convertiría en una pesadilla en la que siguen inmersos cuatro años después.

Porque el concesionario nunca llegó a completar la transferencia del vehículo a la nueva propietaria. Ellos se llevaron el coche con el justificante profesional de solicitud de cambio de titularidad, válido por 30 días, fechado a 3 de enero del 2020: «Supuestamente nos iba a llegar toda la documentación del coche a nuestro domicilio, pero no recibimos nada». Su primera alerta surgió cuando fueron a hacerse con una tarjeta de residente para poder aparcar en la calle, en Santiago, cerca de su casa: «Nos dijeron que teníamos que llevar el permiso de circulación definitivo», que no tenían. En plena pandemia, el portalón de la firma en la que Jesús Chenel figuraba como administrador único estaba bajado. Volvieron en mayo, y seguía igual. «En junio, llamamos al comercial que nos había vendido el coche, y nos recomendó denunciar por estafa».

Sin la documentación del coche que habían comprado, presentaron denuncia ante la Policía Nacional; una reclamación en el Instituto Galego de Consumo («que nunca contestó los correos electrónicos»); y se fueron a la avenida de Barcelona, a la gestoría que debió tramitar la transferencia, «pero ya no había nada allí cuando fuimos, ni había ningún cartel». Así que siguieron utilizando el coche, hasta que como si de la peor de las inocentadas se tratase, la Policía Nacional les dio el alto en una calle de Santiago el 28 de diciembre del 2022: «El agente me pidió la documentación, y yo le expliqué que no la tenía, que soy una de las víctimas de Noyamóvil», recuerda Zine. No sirvió de nada: sobre el coche pesaban embargos de la Seguridad Social contra Noyamóvil, que es aún hoy titular del vehículo, que se alejó en grúa al depósito municipal.

Su abogada logró demostrar ante la Seguridad Social que la anotación de sus embargos es posterior a que ellos comprasen el coche, y los levantó. Así pudieron retirar el coche del depósito, previo pago de unos 140 euros. Y de ahí, a un garaje del que no se ha vuelto a mover, ante el riesgo de que las autoridades se lo vuelvan a llevar. Porque aún quedan otros dos embargos por deudas de Noyamóvil, en este caso con la Agencia Tributaria. La letrada acaba de presentarle un escrito solicitando que adopte la misma medida que el otro organismo, para al fin poder completar el cambio de titularidad más de cuatro años después.

Es la única manera de que el coche vuelva a la carretera. Porque ahora, esta pareja de Santiago abona cada mes una letra de 278 euros, que no dejarán de tener sobre la mesa hasta enero del 2026, por un coche «que está tirado en un garaje por el que pagamos otros 65 euros al mes, comiéndoselo el polvo, con solo 23.000 kilómetros», comenta Zine. Él ya no quiere saber nada del vehículo: «Ya no lo quiero, no quiero el coche, no lo quiero. Si me dan la documentación hoy, mañana lo vendo», sin importarle el dinero que pierda en la transacción.

Imane corrobora que «es una situación desesperante. Estoy pagando una letra de un coche que no estamos utilizando, es una pena que un coche nuevo esté en el garaje», mientras ellos utilizan un Ford Focus que les presta una vecina, para llevar a su hijo hasta la guardería y hacer algunos desplazamientos por la ciudad.

Ellos son los enésimos damnificados del concesionario Noyamóvil, que cerró dejando tras de sí un reguero de irregularidades, tanto con sus propios empleados como con los clientes que cometieron el error de confiar en él. La guinda la pone la administración, a la que se tienen que enfrentar personas que en su día pagaron los automóviles para demostrar ahora que eran sus dueños en el momento en que Hacienda o la Seguridad Social decidieron embargar aquellos coches para intentar cobrar al menos una parte de las deudas de Noyamóvil. Ciudadanos que durante años de zozobra tienen encima que pagar letras por vehículos que no pueden utilizar.

El intento de la pareja de buscar una solución en Noyastar tampoco les funcionó

En una de las ocasiones en que Zine El Abidine acudió a Noyamóvil en el año 2020 al acabar el confinamiento y se encontró el portalón cerrado, bajó hasta las instalaciones de Noyastar (en el mismo complejo) «pero un señor me dijo que no tenía nada que ver con Noyamóvil, que el dueño era distinto. ¿Cómo iba a ser así, si el contrato y los papeles del coche los firmamos allí, e incluso nos tramitaron el seguro del coche en Noyastar?», se extrañó entonces el afectado.

No era para menos. Y es que el grupo Noya era un conglomerado de firmas que fueron referencia en el sector del automóvil en Santiago. En septiembre de 1994 abrían en el polígono del Tambre Noyamóvil, concesionario Citroën de Santiago, que tuvo a Jesús Chenel Noya como administrador único. Diez años después, en el 2004, llegaron nuevas marcas al grupo como Fiat y Lancia, y se constituía Noyastar, que sería luego concesionario Mazda, en este caso con Jesús Manuel Chenel Botana (hijo del fundador del grupo) al frente.

 Frente a lo que dijeron en Noyastar a Zine cuando reclamó allí la documentación de su Citroën C3 Aircross, una sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de Santiago señaló que Noyamóvil y Noyastar «constituyen un grupo de empresas patológico a nivel laboral». Esa calificación la extendió el mismo juzgado en el año 2022 a otras firmas con que se amplió el grupo, como Noyamotor Concesionario, Shang Motors (antes Noyasport) y Chebot Inversiones, indicando que en consecuencia «todas ellas habrán de responder solidariamente por las responsabilidades que alcancen a cualquiera de ellas».

Desde entonces se han sucedido numerosas sentencias condenando al desaparecido grupo de automoción compostelano por despido improcedente de antiguos trabajadores, fijando las correspondientes indemnizaciones.

---

---

---