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La Xunta pide al Gobierno un robot submarino y medios para localizar y sellar el contenedor perdido y atajar el vertido en el mar

Somos Mar REDACCIÓN / LA VOZ

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Marcos Miguez

Alfonso Rueda: «Non podemos estar de brazos cruzados nas praias esperando a que chegue»

11 ene 2024 . Actualizado a las 08:24 h.

La confrontación política siguió guiando ayer las actuaciones del Gobierno central y de la Xunta para atajar el vertido que desde el día 13 está sembrado las playas de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco de diminutas bolas de plástico. Después de que el Ejecutivo gallego elevase el nivel de la alerta como reclamaba Madrid para enviar medios, el Ministerio de Transición Ecológica aún exigió una relación por escrito de los medios que la comunidad necesitaba para atajar la emergencia. «Surrealista, que lle teñamos que dicir nós os efectivos dos que dispón o Estado», dijo el presidente Rueda.

Pero así lo hicieron. El Ejecutivo gallego remitió una lista no menos surrealista: cuatro buques de gran porte (Don Inda, María Pita, SAR Gavia y Guarda), siete salvamares (Alioth, Shaula, Betelgeuse, Altair, Regulus. Sargadelos y Mirach), un avión y dos helicópteros, así como un robot submarino (ROV Comanche) y otros medios. Para la actuación en tierra, la Xunta solo pide formación y un retén de personas (40, que podría llegar a 100) para actuar si, como está previsto porque están rolando los vientos, arriban a las playas bolas de plástico.

Tal relación responde al empeño de la Xunta por atajar el vertido en el mar, terreno del Estado, por sus competencias. El ROV y medios de apoyo serían para «a localización e selado do colector orixe dos elementos contaminantes». Eso es lo que, a juicio del Gobierno gallego se tendría que haber hecho el 8 de diciembre, día que el buque Toconao perdió seis contenedores, en uno de los cuales llevaba 1.050 sacos de 25 kilos de ese material que llega a las playas. «Cabe presumir que a maior parte do material contaminante non chegou aínda á costa e debe procurarse a súa contención no mar», expone en la petición el director del Plan Territorial de Contingencias por Contaminación Marina de Galicia (Camgal), Lino Sexto.

Rueda admitió que «non é fácil» la búsqueda en el mar, pero «non podemos estar cruzados de brazos nas praias esperando a que cheguen». «Ayer le decía a los alcaldes que no era posible la retirada de este residuo en el mar y hoy me pide la séptima flota y un submarino», fue la respuestas del ministro de Transportes, Óscar Puente.

El presidente gallego, que aseguró que no hay confrontación política, sino una petición de eficacia, señaló que en tierra ya está actuando la Xunta organizando la limpieza y lo está haciendo «ben a pesar de que hai moi poucos días que tivemos coñecemento de algo que pasou hai un mes».

Pero hay quien discrepa de esa eficacia. Denuncias de desorganización, voluntarios que no saben donde acudir, brigadas que van a playas donde no hay bolas y dejan otras sin limpiar... El malestar ha estallado y las plataformas en defensa de las rías de Muros-Noia y Arousa han convocado una manifestación para el 21. «En defensa do noso mar» es el lema.

La Fiscalía reclama datos sobre la marea de plástico a la Xunta y al Seprona

 

La Unidad Especializada en Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado ha encargado ya las primeras diligencias de investigación por el vertido de pelets en las costas gallegas, reclamando información a la Xunta y al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, así como la colaboración de esa institución y de las fiscalías de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco.

En un decreto, el fiscal de sala de Medio Ambiente y Urbanismo Antonio Vercher pide a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivenda de la Xunta de Galicia que «informe sobre la llegada y detección del material potencialmente contaminante a las costas gallegas». En especial, indica, «de su incidencia y evaluación en relación al Parque Nacional das Illas Atlánticas, Parque Natural das Dunas de Corrubedo e as Lagoas de Carregal e Vixán, por ser espacios de especial protección y consideración medioambiental».

También se dirige al Seprona para que, «habiendo constancia de que se han tomado muestras y practicado analíticas» por parte de su personal especializado, «se indique en qué consisten y su resultado, si lo hubiera». En cualquier caso, pide a la unidad del Seprona adscrita a la Fiscalía que tome muestras del «material potencialmente peligroso» y las analice, así como que determine «los lugares de arribada de las cantidades de microplásticos detectadas y data temporal del material».

Asimismo, solicita a dicha unidad que se comunique con las comandancias de la Guardia Civil territorialmente implicadas para recabar su colaboración de modo que «aporten las actuaciones practicadas por ellas hasta la fecha» para sumarlas a las pesquisas.

Igualmente, se dirige a las fiscalías superiores de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco para que «remitan cuantas actuaciones se hayan practicado en el ámbito de las respectivas fiscalías superiores» en relación al vertido de pellets.

«Indicios de toxicidad»

Fue el pasado lunes cuando la Unidad Especializada en Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado (FGE) acordó investigar el vertido de pélets en las costas gallegas al apreciar «indicios de toxicidad» en estas «bolas de plástico».

En el oficio donde recababa el permiso del fiscal general para iniciar las pesquisas, Vercher explicó que «son pequeñas bolas de plástico que se utilizan para fabricar productos de plástico que presentan indicios de toxicidad, no son biodegradables y no pueden eliminarse». A ello sumó que son «fuente de contaminación por microplásticos», cuya lucha «constituye un objetivo para la Unión Europea». Este mismo miércoles, Bruselas ha advertido de que el vertido de pelets «amenaza» al medio marino y la pesca.

El fiscal también destacó que, además de a la costa gallega, se han extendido a las de Portugal y Francia, por lo que «resulta necesario delimitar su afección y extensión a otros territorios». Por todo ello, consideró necesario abrir una investigación por un posible delito contra los recursos naturales y el medio ambiente del artículo 325 del Código Penal, castigado con hasta 7 años y 6 meses de cárcel en su supuesto más grave.

El Ministerio Público adoptó esta decisión toda vez que desde el pasado diciembre en los arenales de las Rías Baixas y de la ría de Muros e Noia han aparecido «grandes cantidades» de las diminutas bolitas de plástica, en bolsas de alrededor de 25 kilos, con el nombre de una empresa con sede en Polonia.