Actuaban en Baiona y A Guarda. Sus clientes llegaban en furgoneta y metían los sacos en neveras portátiles pagando 9 euros por kilo
22 mar 2024 . Actualizado a las 01:04 h.El macrojuicio contra la banda del Ipa, integrada por cuatro furtivos que operaban en la costa de Baiona y, supuestamente, esquilmaron más de media tonelada de percebes está cada vez más cerca. La Fiscalía ha presentado un escrito de acusación donde los implica en la extracción ilegal de 607 kilos de percebe durante dos años, entre julio del 2021 y julio del 2023, en la costa gestionada por la Cofradía de Pescadores La Anunciada de Baiona, que abarca desde Punta Orelluda en Oia hasta Monte Lourido, en Nigrán, y la de Santa Tecla, en A Guarda, muchos vedados.
El Ministerio Público les atribuye la autoría de un delito continuado contra la fauna y propone para tres de ellos una multa de 3.000 euros y cuatro años y tres meses de inhabilitación especial para realizar actividades de marisqueo y pesca. A otro le pide 4.500 euros de multa por ser reincidente y una cantidad similar por un delito de quebrantamiento de condena, ya que tenía una sentencia en vigor. Les exige que indemnicen a las cofradías.
Los implicados, en ocasiones, vendían los percebes a clientes que iban en furgoneta hasta un domicilio de Nigrán y allí les entregaban bolsas con el género, que metían en neveras portátiles. Pagaron 50 euros por 6,6 kilos.
La Fiscalía recalca que uno de los implicados, R.R.L., fue condenado el 5 de abril del 2022 por el Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo a pagar una multa que, al no saldar, se convirtió en cuatro meses de cárcel. Estaba inhabilitado para faenar hasta el 2026.
Solo uno de los implicados, hijo del supuesto líder, tenía permiso para la extracción con un cupo diario de tres kilos y, en Navidad, cinco kilos. Solía hacer de vigilante, según la Fiscalía, y avisaba por móvil a su padre si veía patrullas. A veces movían el cargamento en patinete eléctrico. También hacían la extracción con luz artificial cuando anochecía.
En otras ocasiones, libraban una carrera del gato y el ratón con los guardapescas de las cofradías, en los que los agentes hallaron sacos escondidos entre las rocas o los tiraban al mar. Otros muchos quedaron sin localizar. Entre el marisco decomisado, el 20 o el 30 % no alcanzaba la talla legal. La mayor incautación fue de 70 kilos en Eiriñas, en Oia.
El caso fue investigado por el Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo, que ahora ha dado paso a la defensa para que presente su escrito antes del juicio oral.
La banda de Ipa
Por su parte, la Cofradía de la Anunciada, que pide cuatro años de prisión, incrimina a cinco furtivos, uno de ellos reincidente. Cree que ejecutaron un plan «preconcebido», perfectamente coordinados, para capturar y extraer percebe ilegalmente.
Según La Anunciada, la banda era liderada, supuestamente, por José B.P., alias Ipa, que acumula 32 denuncias desde el 2018, y la Fiscalía lo sitúa como el encargado habitual de la extracción de cantidades «ingentes» de percebe en las rocas y zonas de los bancos marisqueros junto con otros dos cómplices y dos vigilantes. La cofradía dice que solo Ipa extrajo 434 kilos y su cómplice Uli, otros 170.
Entre 1991 y el 2012, la Consellería do Mar lo sancionó con cien expedientes administrativos cuyas multas superan los 400.000 euros. Y entre el 2014 y el 2021, suma otras 231 denuncias con sanciones que alcanzaron los 36.541 euros. Como es insolvente, la Xunta no pudo cobrar.
La cofradía sostiene que este grupo, sin tener permiso suyo, extrajo indiscriminadamente los percebes en zonas y períodos de veda, en días y horarios prohibidos, al margen de las lonjas, sin respetar los cupos máximos de tres kilos por productor.
La Anunciada propone cuatro años de prisión por pertenecer a grupo criminal
La Cofradía La Anunciada de Baiona ejerce la acusación particular y pide para el supuesto líder de la banda y para dos cómplices cuatro años de prisión por la participación en una organización criminal y un año para un cuarto acusado. También propone una multa de 6.000 euros para cada uno por un delito continuado contra la fauna y cinco años de inhabilitación para el ejercicio del derecho a pescar. Uno de los implicados también se enfrenta a una multa de 8.640 euros por un delito de quebrantamiento de condena. Además, La Anunciada propone que los acusados indemnicen a la cofradía por el perjuicio causado.