Una ciudadana tardó dos años en ver cómo se retiraba una vivienda ilegal
24 abr 2024 . Actualizado a las 00:53 h.El Concello de Vigo dio tres meses de plazo para la retirada de una casa prefabricada sin licencia en Candeán que molestaba a los vecinos porque desde la misma se producían vertidos fecales. Pasaron dos años y todo seguía igual. A la denunciante no le quedó más remedio que demandar al Ayuntamiento en el juzgado para que aquella orden no se quedara en papel mojado. Ahora el juez le ha dado un tirón de orejas a la administración local por su inacción a la hora de hacer cumplir la legalidad urbanística. Era un asunto que apremiaba a la vecina de al lado. No podía soportar los malos olores que provenían de sus vecinos. Vertían sus aguas fecales junto a su casa y el hedor le entraba por las ventanas. El Ayuntamiento abrió un expediente urbanístico y comprobó que la instalación de la vivienda era ilegalizable. Además de los vertidos, los infractores también habían hecho rellenos de tierras y depositado escombros. El expediente concluyó con una orden de retirada de la casa prefabricada para devolver la parcela a su estado primitivo. La administración local les daba un plazo de tres meses para cumplir esta orden. El problema es que, tras emitirla, la Gerencia de Urbanismo se olvidó de hacerla cumplir. La vecina de al lado, que seguía sufriendo las molestias, se dirigió dos veces al Ayuntamiento instando a que ordenase el cumplimiento de la retirada de la vivienda con ruedas, pero no tuvo respuesta. No le quedó más remedio que presentar una demanda por inacción municipal. Días después de hacerlo, una inspectora municipal visitó la zona y comprobó que la vivienda no se había retirado todavía. Además, los moradores habían colocado un cierre de madera. Poco después, el Concello impuso una primera multa coercitiva y consiguió que los incómodos vecinos acabaran llevándose la vivienda a otra parte.
El juez afirma en la sentencia que el Concello «no hizo nada» desde que notificó la orden de demolición voluntaria del a vivienda hasta que decidió poner a la infractora la primera multa coercitiva. Pecó de inacción a pesar de que las normas municipales establecen que «en caso de incumplimiento de la orden de derribo, la Gerencia de Urbanismo procederá a la ejecución forzosa».
Actitud renuente
El juez dice además que la infractora mostró una «abierta actitud renuente» al cumplimiento de la orden, presentando alegaciones, instando a la legalización de la obra y recurriendo la primera multa coercitiva. La orden de demolición data de septiembre de 2021. La denunciante insistió en febrero y en junio del año siguiente para que se cumpliera la orden. Denunció la «inactividad municipal» en la ejecución de la orden de demolición. «Se alcanza la conclusión de la existencia de inactividad administrativa», afirma el juez, que estima la demanda.
La denunciante vio satisfecha su pretensión de que desapareciera la vivienda ilegal que le molestaba, pero para ello tuvo que acudir al juzgado. Un vecino de la zona señalaba ayer que los de la casa prefabricada dañaron una tubería y que estuvieron enganchados al alumbrado publico.