Denunciará las humedades provocadas por una vivienda colindante
13 abr 2024 . Actualizado a las 05:00 h.Tras el arco de A Ponte Nova en Betanzos surge una calle empinada, la calle Ferreiros, donde una familia lleva siete años reclamando una solución para los daños causados por la vivienda contigua, otra casa de piedra que ha perdido elementos del balcón, está apuntalada y filtra agua de manera recurrente como si la mediana fuera de papel.
Carmen Fariñas Loureda tiene 82 años, problemas de movilidad y señala con pesar y enfado que trabajó muy duro para adquirir, junto a su marido, el número 25, una casa de cuatro plantas, donde regentó una mercería. En ese bajo donde tuvo el negocio le han acondicionado ahora su vivienda, para evitarle las escaleras, pero también el soportar los inconvenientes de unas paredes que rezuman agua. Sus nuevas estancias las han aislado con pladur, pero aun así se ven zonas negras. Los pisos superiores, que han recibido distintos arreglos los últimos años, están plagados de desconchones y filtraciones que afean las paredes e impiden incluso el uso de algunos enchufes.
«Llevo mucho luchando y estoy hasta la coronilla, yo hice la casa nueva y me está cayendo toda», explica Carmen, que aún recuerda a personas viviendo en el número 27, pero hace más de veinte años que está deshabitado y ese abandono hace que vivir al lado sea «insoportable».
«Una ruina con orden de ejecución desde el 2027 daña mi casa», resume su hija Ana, que vive en un inmueble en la parte de atrás y que se ha encargado de reclamar de forma reiterada ante el Concello una solución. Hasta el momento habían requerido también en dos ocasiones a la única propietaria que conocían documentación en el juzgado, pero explica que ni tan quiera se presentó. Tras mucho insistir, Carmen y su hija lo que han logrado finalmente es que en el consistorio les faciliten el nombre de todos los propietarios del inmueble. Son nueve. Los denunciarán en cuanto el perito evalúe los daños que tiene su vivienda.
La petición que hacen es básica, que arreglen el tejado y las paredes colindantes, «que con la Ley del Suelo es lo que les corresponde», aclaran, pero sus deseos han caído, hasta el momento, en saco roto y cargan contra el Concello, al que acusan de inacción.
«Es una casa que tiene orden de ejecución desde el 2017 y el Concello no les ha obligado a hacer nada, da igual que la tenga o que no», consideran. «Hace poco cayó una casa en el casco histórico que tenía una orden de ejecución desde hace dos años, pero la nuestra la tiene hace siete, ¿qué pasa si cae?», se preguntan madre e hija, que consideran que «no hay derecho» a que se les obligue a vivir así. Durante la espera han visto cómo una madera del balcón contiguo iba contra su fachada, la solución municipal fue apuntalarlo y restringir el paso. «Las vallas llevan así cinco años», explica indignada Ana, que asegura que los problemas no son únicamente para la calle Ferreiros, sino que también se produjeron desprendimientos hacia la parte posterior, la Travesía da Cortaduría. El cartel instalado para advertir del riesgo ya ha desaparecido, pero continúa la cinta precintando una puerta.
La familia se lamenta de que los arreglos realizados en su casa en los últimos tiempos han sido una inversión tirada. «Corre el agua por la placa, no hay derecho a que se nos levante el parqué puesto en el 2018, la humedad la tenemos que arreglar desde el juzgado», cuestiona esta familia, que considera que las órdenes de ejecución son también papel mojado.
Actuación municipal
«Entendemos a desesperación, pero os “incumpridores” teñen tamén dereitos»
El edil de Urbanismo, Diego Fernández, difiere de la interpretación de las afectadas. Precisa que «é unha multipropiedade, con donos fóra da comunidade, e outros con domicilios onde non vive ninguén e fíxose todo o posible para remitir as notificacións, nalgúns caso viñeron de volta e houbo que volver abrir prazos». Achaca la demora a todo ese proceso y puntualiza que la última orden de ejecución es de finales del 2023. Cuando el expediente se cierre, si no se atiende, avanzan que procederán a imponer multas coercitivas (van de 1.000 a 10.000 euros) de forma trimestral y podrían optar por la venta forzosa o incluirlo en el registro de solares, tras lo que iría a subasta. «Entendemos a desesperación da veciña, pero os “incumpridores” teñen tamén os seus dereitos», puntualiza.